Los expertos piden mejoras en las fuerzas de orden, órganos judiciales e instituciones financieras
El informe de la quinta ronda de evaluación Moneyval, del Consejo de Europa, contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo concluye, entre otras cuestiones, que Gibraltar no aplica de manera efectiva sus propias normas para combatir ambos objetivos. Advierte que las mejoras son necesarias tanto en las fuerzas del orden gibraltareñas, como en los órganos judiciales y en el sector privado, como las instituciones financieras o las no financieras, cuyo papel en la lucha contra el blanqueo de capitales es cada vez más relevante.
Las evaluaciones que lleva a cabo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) examinan no sólo que cada jurisdicción tenga las normas adecuadas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, sino también que esas normas son aplicadas de manera efectiva. El comité de expertos utiliza una matriz de 11 criterios para definir el nivel de efectividad del sistema antiblanqueo, que pueden ser calificados de Elevado, Sustancial, Moderado o Bajo y compara la evolución desde la última ronda de revisiones mutuas.
Gibraltar, en el aspecto de la efectividad de su sistema antiblanqueo ha obtenido las calificaciones siguientes: 3 Bajos (criterios 6,7 y 8), que es el mínimo que califica el GAFI; 7 Moderados (criterios 1,3,4,5,9,10,11), que conforman la mayoría de la evaluación; y 1 Sustancial (criterio 2). No obtiene ninguna calificación de Elevado en ningún criterio.
A modo de referencia, las calificaciones que el informe Moneyval otorga a España después de la misma ronda de evaluación mutua es la siguiente: 1 Moderado (criterio 10); 9 Sustancial (criterios 1,2,3,4,5,7,8,9,11); y 1 Elevado (criterio 6);; sin que haya ninguna calificación de nivel Bajo. En la comparativa con la ronda anterior de evaluación, España mejoró en dos de los criterios, 4 y 11, pasando de moderado a sustancial.
De la comparativa se extrae que los resultados de Gibraltar, como admiten sus autoridades, no son positivos, y queda mucho trabajo por hacer, aunque también es cierto que su marco legal es en general adecuado.
Los expertos piden que se aplique la legislación
No obstante, para la evaluación del comité de expertos no basta con disponer de la legislación adecuada en cada momento, o trasponer las directivas comunitarias en la materia dentro de los plazos establecidos, sino que hay que hacer que se cumplan de manera palpable y medible por todos los actores involucrados.
La pobre calificación justifica que, de ahora en adelante, la jurisdicción gibraltareña sea sometida a una monitorización por parte de Moneyval, a quien deberá reportar de manera periódica sobre las medidas correctoras que va introduciendo.
Dado que el sector de servicios financieros de Gibraltar no supera los 5.000 millones de dólares, el Peñón no ha sido incluido entre las jurisdicciones bajo observación del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (International Co-operation Review Group. ICRG), que tienen el plazo de un año para introducir medidas correctoras, o de lo contrario, ser mencionadas públicamente por el GAFI.
Las deficiencias señaladas por el informe de Moneyval detectan ámbitos de mejora tanto en las fuerzas del orden gibraltareñas, como en los órganos judiciales y en el sector privado, como las instituciones financieras o las no financieras, cuyo papel en la lucha contra el blanqueo de capitales es cada vez más relevante, lo que se acentúa en una jurisdicción como el Peñón, que tiene un marcado elemento transfronterizo.
