
La Ley de Abuso Doméstico en Gibraltar, que se aprobó en el Parlamento en enero de este año, ha entrado en vigor este viernes. Esta legislación reforma radicalmente el abuso doméstico en Gibraltar al proporcionar una definición legal del maltrato doméstico por primera vez e introduce nuevas disposiciones y protecciones para adecuar la ley a las necesidades que existen en la actualidad.
En particular, la Ley introduce el nuevo delito de conducta controladora o coercitiva, así como el delito de estrangulamiento no mortal. La ley también amplía el alcance de quién puede ser víctima de abuso doméstico y reconoce a los niños que ven, escuchan o experimentan abuso doméstico como víctimas por derecho propio, según ha explicado el Gobierno.
Por último, entre las nuevas competencias creadas se encuentran los avisos de protección contra los malos tratos domésticos, que pueden ser emitidos por agentes de policía de rango superior en circunstancias urgentes y por un tiempo limitado, cuando se pueda obligar al autor de los malos tratos domésticos a abandonar el lugar. Esta parte de la ley, que también incluye las órdenes judiciales equivalentes, es la única disposición que aún no ha entrado en vigor, ya que todavía es necesaria más formación y entrará en vigor en cuanto finalice esa formación, que ya ha sido encargada.
Se ha llevado a cabo una importante labor de formación previa, en particular desde noviembre del año pasado que ha consistido en una formación específica para cada sector y para varios organismos, y ha incluido a la Royal Gibraltar Police, la Agencia de Asistencia, el Servicio Judicial y de Tribunales, los servicios de libertad condicional, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Educación y otras partes interesadas importantes, según ha explicado el Gobierno.
La Ley también establece disposiciones específicas para los acuerdos de intercambio de datos entre la Policía y el Departamento de Educación en casos de maltrato doméstico en los que haya niños presentes, con el fin de dar efecto a las disposiciones aplicadas tras la formación de la Operación Encompass.