El Gobierno de Gibraltar ha publicado este jueves un Proyecto de Ley para el establecimiento de la Autoridad Anticorrupción, un organismo independiente que actuará en el territorio del Peñón.
El Proyecto de Ley se compone de seis Partes y un Anexo que no sólo incluye la creación del organismo, sino que también fija en detalle su composición, deberes, facultades y funciones, inmunidades y protecciones, disposiciones sobre conflictos de interés, aspectos de confidencialidad, capacidad para emitir directrices y cooperación con otras autoridades nacionales.
Según ha explicado el Gobierno, con el fin de garantizar que la autoridad disponga de todos los poderes y herramientas a su alcance para probar su eficacia, el Proyecto de Ley le permite lanzar investigaciones por sí misma o a raíz de denuncias. Además, la autoridad estará facultada para investigar cualquier conducta en materia de corrupción susceptible de constituir alguno de los delitos que figuran en el Anexo.
Entre ellos, según ha indicado, figuran el fraude por abuso de posición, el soborno, la mala praxis en la función pública y la malversación de fondos públicos, sea o no la persona objeto de la investigación un funcionario público.
Además, el proyecto de ley también contempla que las facultades para la investigación también pueden emplearse en casos de corrupción que hubiesen tenido lugar en cualquier momento anterior a la entrada en vigor de esta ley, independientemente de que la persona implicada en el caso de corrupción sea o fuese en su momento un funcionario público.
Otro de los aspectos que se recogen es que tras realizar su investigación, la autoridad puede trasladar el asunto a la Royal Gibraltar Police, que podrá entonces desplegar toda su gama de competencias y conocimientos para llevar el asunto ante la justicia. Esto permite que la autoridad se concentre en sus propias investigaciones iniciales y no se produzcan duplicidades de recursos entre este organismo y la RGP.
El Proyecto de Ley también contiene medidas de protección para quienes colaboren con la autoridad durante las investigaciones, incluida la protección de su puesto de trabajo, y una provisión de delitos en caso de que las denuncias y las investigaciones no se traten adecuadamente y según las disposiciones de la ley.
Por su parte, la Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, ha afirmado que "el Gobierno cuenta con un excelente historial de trabajo en la aplicación de reformas que aporten mayor transparencia y proporcionen estructuras anticorrupción todavía más sólidas en la vida pública". "Me complace que, ahora que se ha reducido ligeramente la carga administrativa y legislativa a la que se ha visto sometida nuestra jurisdicción en los últimos dos años debido a la pandemia mundial y a la planificación del Brexit, este importante compromiso haya podido avanzar”, ha añadido.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha señalado que "el Gobierno ha emprendido una profunda reforma de los estándares de la función pública", por lo que "la publicación de este proyecto de ley no es sino el siguiente paso en un camino que ya incluye hitos como la publicación del primer Código Ministerial de nuestra historia y una mayor transparencia en la adjudicación de concursos y en los procesos de la Comisión de Desarrollo y Planificación".
"Este Gobierno seguirá liderando estas cuestiones y aportando más transparencia y responsabilidad que nunca", ha afirmado Picardo, que ha dicho que "este es un proyecto de ley que queríamos presentar desde hacía tiempo". "Nuestro compromiso inicial era publicarlo y aplicarlo en 2011, pero nos persuadieron para que no siguiéramos ese camino, sin embargo, estoy convencido de que es un asunto que hay que abordar y la mejor manera de hacerlo es creando un mecanismo de denuncia e investigación que permita dar curso a las acusaciones debidamente fundadas y descarte las infundadas". "Confío en que si la oposición cree que puede mejorarse, podamos hacerlo juntos de una manera constructiva”.
