Varios coches y motocicletas fueron incautados en España
Los gibraltareños deben regularizar su residencia fiscal para evitar el embargo de vehículos . El Gobierno ha recibido quejas de varios propietarios de coches y motocicletas de Gibraltar a los que se les han incautado estos vehículos en España. Varios casos han sido examinados muy cuidadosamente y puestos en conocimiento de las autoridades españolas. El resultado de ese proceso, que ya ha concluido, es que el Gobierno está en condiciones de ofrecer los consejos que se exponen a continuación.
La situación que se ha producido no está relacionada con la salida de Gibraltar de la Unión Europea. Se trata de un procedimiento aduanero en virtud de las normas de la Unión Europea relativas a la importación del vehículo y a la situación de residencia del propietario. En resumen, cualquier persona que resida oficialmente en España no puede poseer un vehículo matriculado en Gibraltar, y cualquier persona que resida en Gibraltar no puede poseer un vehículo matriculado en España. Hay un breve periodo de transición tras la compra en el que hay que regularizar la matriculación del vehículo o el estatus de residencia del propietario.
El objetivo, según el comunicado emitido por el Gobierno gibraltareño, es fiscal en relación con el pago de los derechos de importación y el IVA sobre el vehículo por parte de una persona que se considera residente principal en España. Es importante tener en cuenta que las cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) están instaladas tanto en el lado gibraltareño como en el español de la frontera y que esto proporciona datos sobre la frecuencia con la que un vehículo puede cruzar de un lado a otro.
Por lo tanto, el problema actual se deriva de la situación de residencia en España de los afectados y no de su situación de residencia en Gibraltar. Por ello, los afectados son personas con domicilio tanto en Gibraltar como en España. Esto significa que no se considera relevante que el afectado pueda presentar un documento de identidad gibraltareño, facturas de servicios públicos u otra prueba de residencia en Gibraltar si al mismo tiempo se le considera residente español por el sistema español. En cualquier caso, el documento de identidad de Gibraltar no se considera una prueba definitiva o concluyente a efectos fiscales y se trata de una cuestión fiscal.
Los afectados tienen que asegurarse de que tienen tanto la residencia documentada en Gibraltar como el abandono de la residencia en el Estado miembro de la UE correspondiente, en este caso España, y que dicha residencia se establezca solo en Gibraltar. De hecho, estas son las normas en todas las situaciones y no sólo entre Gibraltar y España. Esto significa que cualquier persona que no haya trasladado legalmente su residencia, seguirá figurando como residente en España aunque ya no viva allí. La residencia en un país no refuta automáticamente la residencia en otro. Por ejemplo, en la mayoría de los casos la residencia fiscal se establece después de haber residido allí durante 180 días cuando hay 365 días en un año normal.
Es evidente que, en estas circunstancias, los afectados deben familiarizarse con los requisitos legales en España. La mejor manera de hacerlo es contratar los servicios de un abogado o de un asesor fiscal que pueda asegurarse de que cumplen con todas las normas españolas, así como con las normas de Gibraltar en materia de residencia. No basta con cumplir las normas de uno pero no las del otro. Esto es igual entre todos los países y no sólo entre Gibraltar y España. El nuevo Tratado Fiscal, que aún no ha entrado en vigor, ayudará en estas situaciones al establecer un criterio definido y acordado para la resolución de estos conflictos de residencia fiscal.
Es importante recordar, en este contexto, que el documento de identidad de Gibraltar ya no está reconocido por la Unión Europea como documento de viaje válido. Esta es una de las cuestiones que estamos tratando de restablecer en las negociaciones en curso con la UE.
