Jueves, 19 de Mayo de 2022
Twitter
Facebook
Youtube

El Gobierno de Gibraltar propondrá endurecer las penas por la posesión de bidones de combustible

  • Condenas de hasta cadena perpetua si hay pérdida de vidas o lesiones graves

    Bidones de gasolina interceptados por la RGP. Foto NG
    Bidones de gasolina interceptados por la RGP. Foto NG
    Noticias

    El Gobierno de Gibraltar ha publicado este miércoles un proyecto de ley para modificar la Ley del Petróleo donde propondrá un aumento muy considerable de las penas por la posesión de bidones de combustible, con condenas de hasta cadena perpetua si hay pérdida de vidas o lesiones graves. El objetivo es hacer frente al aumento de personas que se encuentran en posesión de este tipo de garrafas de gasolina usados normalmente para el narcotráfico. 

    El Gobierno ha recordado que ya modificó la ley a principios de este año para tipificar como delito la posesión de combustible en las cantidades en cuestión. Sin embargo, desde el año pasado el número de personas identificadas en posesión ilegal de grandes cantidades de combustible ha aumentado a pesar de la penalización de la actividad. Por ello, el ministro Principal, Fabian Picardo, se ha puesto en contacto con el Comisario de Policía, Richard Ullger, y con el ministro de Medio Ambiente, John Cortes, y la ministra de Justicia, Samantha Sacrament, para proponer el aumento de las penas.

    Así, el proyecto de ley se basa en la premisa de que las penas por los delitos relativos al acopio/transporte de gasolina van a ser sustancialmente incrementadas, así como que las infracciones se convertirán en delitos perseguibles.

    Según ha explicado el Gobierno, la Ley del Petróleo y las Normas del Petróleo se remontan a 1931. La facultad de elaboración de normas del artículo 7 de la Ley no permite la elaboración de normas que prevean sanciones, por lo que, como consecuencia de lo anterior, el proyecto de Ley modifica la facultad de elaboración de normas del artículo 7 para que, en el futuro, un ministro pueda modificar las normas si lo considera necesario. 

    En este sentido, ha indicado que hay una enmienda consecuente para inaplicar dos disposiciones de la sección 23 de la Ley de Interpretación y Cláusulas Generales que, en conjunto, establecen un límite en la cuantía de la multa y la duración de la pena de prisión que puede incluirse en la legislación subsidiaria y que hace que todos los delitos de la legislación subsidiaria sean juzgados sumariamente. Además, el proyecto de Ley también modifica el artículo 9 para que siga previendo sanciones para las infracciones de la propia ley, pero ya no se aplicará a las infracciones de las normas. 





    El artículo 38 establece actualmente que las infracciones del Reglamento serán perseguidas en virtud del artículo 9 de la Ley. En consecuencia, esta norma se sustituye en su totalidad. En su nueva forma, la norma 38 sigue aplicando el nivel actual de sanción a las infracciones de las normas que no se refieren a la cuestión de la gasolina. Por su parte, la cuestión de la gasolina se contempla por separado en la nueva regla 38(2). 

    Así, en virtud de la nueva regla 38(2), el enjuiciamiento de una infracción en virtud de las reglas 24, 26A, 31 o 32A sólo es posible mediante acusación. Además, se aumenta la pena. La multa que el Tribunal Supremo puede imponer se expresa como no superior a la mayor de las diez veces el nivel 5 de la escala estándar (que asciende a 100.000 libras esterlinas) o a 50 veces el valor del combustible.  También se eleva la pena de prisión a diez años en un caso "normal" y a cadena perpetua cuando haya pérdida de vidas o lesiones graves.

    Por su parte, Picardo, que tiene la intención de llevar este proyecto de ley a la próxima sesión del Parlamento, ha manifestado que le ha "preocupado mucho el aumento de la detección de delitos relacionados con la posesión de grandes cantidades de combustible".  "Dada la volatilidad de estos combustibles, la posesión y el transporte de los mismos están restringidos para evitar que se produzcan desafortunados accidentes", ha señalado el ministro Principal, que ha añadido que "el comercio indiscriminado de estos combustibles y su transporte descuidado está creando un peligro imprudente y masivo para muchas personas inocentes de nuestra comunidad".  

    En este sentido, ha afirmado que "si un vehículo que transporta veinte bidones de combustible explotara, la pérdida de vidas, las lesiones personales y los daños físicos en Gibraltar serían enormes".  Por ello, "en estrecha colaboración con el Comisario de la RGP, Richard Ullger, y con los ministros de Justicia y Medio Ambiente, Samantha Sacramento y John Cortes, "se ha acordado endurecer en gran medida las penas previstas para estos delitos, de modo que los Tribunales tengan el poder de disuadir realmente la participación de personas en estas nefastas actividades que, al fin y al cabo, están diseñadas para ayudar al tráfico de drogas".  

    Además, Picardo ha asegurado que "extrañamente, desde que ilegalizamos esta práctica, el número de casos ha aumentado, y por ello, al prever ahora estos enormes aumentos de las penas, sé que vamos a hacer lo correcto y a proporcionar las herramientas que necesitan nuestras fuerzas de seguridad y nuestra judicatura para hacer frente a estos delitos". "Si es necesario actuaremos de nuevo. Gibraltar y los gibraltareños no querrán estar asociados ni cerca de nada que apoye el comercio de drogas ilegales, ya sea logísticamente o de otra manera. No es lo que somos. No es lo que representa Gibraltar", ha concluido Picardo. 

     




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas