El Gobierno de Gibraltar que lidera Fabian Picardo ha confirmado el alquiler de oficinas en el edificio de Natwest House para los servicios del Fiscal General por un importe de 123.000 libras al año, pero el GSD alerta del posible conflicto de intereses de esta operación.
El parlamentario del GSD, Roy Clinton, considera que el contrato de arrendamiento firmado ha sido acogido con gran satisfacción por varias personas públicas. Entre ellas cita al propio ministro principal, así como otros integrantes del Ejecutivo. “Una situación que puede plantear un conflicto de intereses que requiere de explicaciones en el Parlamento”.
No es la primera vez que la oposición plantea un problema similar por presuntos conflictos de intereses entre la gestión privada y la pública, con la intervención del Gobierno de Gibraltar.
Desde la bancada del GSD, Clinton, no acusa de nada a los mandatarios gibraltareños pero sí incide, una vez más, en que la transparencia es clave tanto en éste como en otros temas como el Community Care.