El GSD ha señalado que es "importante para la democracia" que la investigación del caso McGrail esté a la vista del público, tras los últimos acontecimientos en los que detrás de la jubilación anticipada y poco justificada del excomisario, se dilucida la existencia de presiones del Ejecutivo de Picardo que han originado sospechas de presunta corrupción en el más alto nivel de la administración local.
A juicio del partido líder de la oposición, "la comisión debe seguir su curso y se le debe permitir hacer su trabajo". "Todas las partes tienen derechos, pero el Ejecutivo no puede limitarse a utilizar el hecho de que convocó la investigación como una forma de respuesta concluyente a las cuestiones planteadas por la investigación, como si eso respaldara su caso de que es intachable y, de alguna manera, inmunizara al jefe policial”, ha añadido.
Para el líder del GSD, Keith Azopardi, el escenario real es que los actuales mandatarios políticos no tuvieron más remedio que convocar una comisión ante la presión social y política en 2022. “Anunciaron que nombrarían una investigación el 31 de julio de 2020, dijeron que un presidente sería designado en unas semanas. Si eso hubiera sucedido, la investigación habría seguido su curso y habría concluido hace mucho tiempo”, ha señalado.
Además, ha manifestado que la gente se pregunta si fue políticamente inconveniente convocar una investigación antes para que su resultado no se conozca hasta después de las próximas elecciones generales.
Cabe recordar que hace pocos días una información publicada del periódico británico The Guardian exponía que “el ministro principal de Gibraltar amenaza por difamación a los abogados defensores”, como se puede leer aquí.
Por otra parte, los abogados de Ian McGrail han vuelto a pedir al Gobierno que retire sus amenazas de juicio por difamación y se disculpe y han manifestado que están decepcionados porque el Gobierno haya decidido reafirmar la amenaza de difamación, a pesar de la condena generalizada, incluso por parte del juez de instrucción.
