Amenaza por difamación contra sospechas de corrupción gubernamental
La investigación del caso McGrail, todavía en curso, se está convirtiendo en un continuo foco de tensión para el Gobierno de Gibraltar ya que, detrás de la jubilación anticipada y poco justificada del excomisario, se dilucida la existencia de presiones del Ejecutivo de Picardo que han originado sospechas de presunta corrupción en el más alto nivel de la administración local.
Una información publicada ayer del periódico británico The Guardian expone que “el ministro principal de Gibraltar amenaza por difamación a los abogados defensores” (Gibraltar’s chief minister threatens top rights lawyers with defamation). Se trata de Caoilfhionn Gallagher KC y Adam Wagner, ambos del bufete de Doughty Street, quienes representan al antiguo jefe de policía de Gibraltar, Ian McGrail, quien afirma que fue presionado para jubilarse anticipadamente tras intentar ejecutar una orden de registro contra una persona que mantenía una estrecha relación con Picardo.
Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, niega estas acusaciones y en las alegaciones presentadas por su abogado y representante legal actual del Gobierno, Sir Peter Caruana KC, exministro principal de Gibraltar, considera estas sospechas “escandalosas y totalmente falsas” y también “altamente difamatorias”.
Según afirma Caruana en sus alegaciones, “el ministro principal (por Fabian Picardo) nos ha dado instrucciones para que digamos que se reserva plenamente sus derechos contra todas las personas pertinentes a este respecto."
La abogada del excomisario, Caoilfhionn Gallagher, declaró en una audiencia la semana pasada, en respuesta a tal amenaza, que "consideramos que es una conducta intimidatoria y victimizadora tanto inapropiada como continuada. Hemos pedido que se retire esa amenaza. Lamentablemente, no ha sido así".
CRITICAS A LA CONDUCTA DEL GOBIERNO
El propio presidente de la investigación, Sir Peter Openshaw, antiguo juez del Tribunal Supremo británico, calificó las amenazas de difamación fuera de lugar, según explica la información de The Guardian. “Hay que permitir que las personas presenten sus alegaciones y no hay que disuadir a los testigos de que testifiquen o presenten alegaciones a la investigación, y como digo lamento que se haya hecho esa amenaza".
El otro abogado defensor de la causa de McGrail, Adam Wagner, comentó que "los abogados que representan a sus clientes nunca deberían enfrentarse a amenazas personales de difamación y es especialmente preocupante que estas amenazas emanaran del propio Gobierno de Gibraltar. Nos complace que Sir Peter Openshaw haya criticado la conducta del Gobierno".
Finalmente, según la información del periódico británico, el copresidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, Mark Stephens, también condenó la conducta del Gobierno gibraltareño. "Los abogados deberían tener libertad para representar a sus clientes sin temor a ser demandados personalmente por difamación", afirmó. "Es decepcionante y una afrenta a los derechos humanos ver cómo el gobierno de un territorio británico de ultramar utiliza esta táctica contra abogados del Reino Unido y Gibraltar"