Viernes, 14 de Mayo de 2021
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Un juez rechaza el primer recurso contra la suspensión parlamentaria británica

  • Victoria judicial para Boris Johnson

    Boris Johnson
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    Un juez ha rechazado la primera actuación que pretendía evitar la suspensión del Parlamento británico hasta el 14 de octubre y ha dado, por consiguiente, su primera victoria judicial a la maniobra política del primer ministro Boris Johnson.

    El juez escocés Lord Doherty ha decretado que no hay motivo para la suspensión cautelar a la medida de Johnson, aunque todavía podría recurrirse esta decisión la semana que viene. Esta es una de las tres acciones judiciales contra la maniobra política de Johnson, sancionada por la reina de Inglaterra, de aumentar el período de receso en el Parlamento británico desde la segunda semana de septiembre hasta el Discurso de la Reina, el 14 de octubre.

    Otra de las actuaciones judiciales la lidera en Londres, junto a la activista Gina Miller, el exprimer ministro conservador John Major, lo que resulta inédito porque jamás un exjefe de gobierno había actuado en los tribunales contra la actuación político de otro, además siendo ambos del mismo partido político.





    La tercera actuación judicial la resolverá el tribunal de Irlanda del Norte y el recurso se plantea porque los demandantes estiman que se pone en peligro los Acuerdos de Viernes Santo que facilitaron la paz en aquella zona y, según los cuales, no puede haber frontera física entre ambas Irlandas.

    Mientras se resuelven estos recursos judiciales, la movilización civil se extiende y anima desde medios políticos y cierta parte de la prensa británica y, de hecho, se espera para mañana sábado una amplia protesta en las calles de Londres.

    Y también quedan las posibles acciones parlamentarias anunciadas por Corbyn, porque las sesiones se reinician este martes y continúan hasta el 9 de septiembre, que es cuando comenzaría la suspensión del Parlamento. De ahí que, a pesar de las protestas, el gobierno británico mantiene que esta suspensión temporal es una decisión que le compete al primer ministro y que se atiene a la legalidad.




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