La Cámara de Comercio de Gibraltar ha asegurado que no fue consultada por el Gobierno antes de la entrada en vigor de la legislación sobre reconocimiento sindical. En este sentido, ha asegurado que “tras la reciente introducción de leyes para hacer obligatorio el reconocimiento de los sindicatos en Gibraltar, la Cámara de Comercio desea corregir una declaración del ministro Linares en la que se afirmaba que se había celebrado consultas detalladas con la organización antes de que la legislación entrara en vigor. No se ha realizado ninguna”.
Además, según ha señalado la Cámara de Comercio a la televisión YGTV, "junto con otros órganos de la industria, hizo declaraciones públicas y pidió aclaraciones en 2020 sobre partes del documento de mando del Gobierno. En su comunicado, la sala comentó en ese momento que era muy lamentable que el Ejecutivo no solicitase ninguna consulta con la Cámara o con ningún empleador local durante la redacción de este documento de mando".
Además, en su exposición, apuntó que esta legislación “era innecesaria y estaba demasiado ponderada en favor de los sindicatos, con muy poca consideración a las necesidades de los empleadores”. “La Cámara cuestionó por qué el Gobierno debería hacer la petición de los sindicatos haciendo obligatorio el reconocimiento de la Unión. Nunca trataremos de presionar a los dirigentes para que la afiliación a nuestra entidad sea obligatoria por la legislación primaria”, ha añadido.
“Las leyes y los reglamentos existentes ya protegen los derechos y el bienestar de los empleados en Gibraltar. Cuando hay una violación de estas normas, la ley está ahí para proteger a los trabajadores y defender sus derechos”, ha recordado.
Igualmente, ha citado como ejemplo lo que sucede en Reino Unido. “Varias empresas locales reconocen ya a los sindicatos de alguna manera, pero es voluntario. Allí no es obligatorio".
A juicio de la Cámara, "forzar a una empresa a reconocer un sindicato sería un obstáculo innecesario para sus operaciones cotidianas. La legislación existente es suficiente para proteger los derechos y el bienestar de los empleados del Reino Unido y Gibraltar debería haber optado por la igualdad a este respecto y no haber intentado otorgar a la Unión mayores competencias que sus homólogos británicos”.
