Domingo, 17 de Febrero de 2019

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    El Consejo Europeo aprueba el lunes las nuevas directrices que ya no se aplican a Gibraltar

  • Bandera reivindicativa durante la celebración del Día Nacional de Gibraltar
    Noticias Gibraltar

    El Consejo Europeo aprueba este lunes las nuevas directrices para la siguiente fase negociadora del Brexit y el período transitorio, en las que específicamente figura, en su punto 5, el caso de Gibraltar como excluido, en virtud de los apartados 4 y 24 de abril de 2017. También aclara las limitaciones del Reino Unido en esta parte del proceso y hace evidente la posición de firmeza de Bruselas respecto a Londres no sólo por el caso gibraltareño, sino porque los británicos se han autoexcluido de la Unión y dejan de ser socios a todos los efectos.

     

    Las directrices que el Consejo aprueba este lunes citan a Gibraltar en su punto 5, pero para excluirlo de cualquier fase negociadora, periodo de transición o acuerdo futuro si no media acuerdo entre Reino Unido y España. “Por lo tanto, --dice el texto-- estas directrices de negociación deben respetar plenamente, como primer elemento de las directrices de negociación, los apartados 4 y 24 de las directrices del Consejo Europeo de 19 de abril de 2017, en particular por lo que se refiere a Gibraltar”.

     

    El apartado 4 al que se refiere dice que, cuando se produzca la retirada británica “los Tratados (de la Unión Europea) dejarán de aplicarse al Reino Unido, a los de sus países y territorios de ultramar actualmente asociados a la Unión y a los territorios de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido”, donde sin citarlo queda claro que se refiere a Gibraltar.

     

    Pero más concreta aún es la ya famosa directriz 24: “Después de que el Reino Unido abandone la Unión, no podrá aplicarse ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido”.

     

    Y estas son las posiciones negociadoras que establece la Unión Europea y que, de nuevo, confirma que se han mantenido inalterables desde el primer momento, a pesar de las presiones del gobierno de Gibraltar y de los supuestos compromisos adquiridos en Londres, según informaban políticos locales. Gibraltar, por tanto, no forma parte del período transitorio y menos aún de acuerdos futuros, por lo que las consecuencias del Brexit para el Peñón serán una realidad dentro de un año, si no se establecen acuerdos en las negociaciones bilaterales hispanobritánicas que ya han empezado.

     

    La firmeza en la exclusión de Gibraltar en todas las fases negociadoras, periodo de transición y futuros acuerdos sin la previa aprobación de España, no se debe a una postura de exigencia española para negociar la cuestión de la soberanía gibraltareña, como ha dejado claro en reiteradas ocasiones el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, que, además, siempre insiste en la defensa de los derechos de los trabajadores transfronterizos, sino por la posición limitada y débil en la que queda el Reino Unido respecto a la Unión.

     

    Estas mismas directrices, que se aprobarán el lunes, establece un principio ya anunciado, que “un no miembro de la Unión, que no cumpla con las mismas obligaciones que un afiliado, no puede hacer valer los mismos derechos y disfrutar de los mismos beneficios que un afiliado” (punto 9).

     

    En consecuencia, para el período transitorio, “el Reino Unido sólo tiene un derecho limitado a participar en las reuniones donde el Reino Unido no tenga derecho a voto” (punto 18), de forma que deja de participar en las instituciones y en el proceso de toma de decisiones. El documento deja claro también que, durante todo ese período, Londres deberá seguir todas las leyes de la UE, incluidas las nuevas que puedan surgir, y respetar los acuerdos vigentes de la UE con terceros países.

     

    Estas imposiciones de la Unión Europea al Reino Unido han sido explicadas por tres representantes del gobierno británico (Hammond, Davis y Clark) al mundo de los negocios como una supuesta garantía de continuidad durante la transición, en la que las normas legales y acuerdos comerciales comunitarios seguirán aplicándose, aunque evitan decir que es por exigencia de Bruselas y que Londres no podrá participar ni en los debates ni en la toma de decisiones.