El viceministro de Asuntos Exteriores de Gibraltar, Joseph García, dijo en su discurso sobre el presupuesto que la decisión del Consejo Europeo de otorgar a España un veto sobre Gibraltar fue “vergonzosa”, añadiendo que era sintomático de la actitud que llevó al Reino Unido a votar por la salida de la UE.
A este respecto, recordó que “no queríamos irnos. No votamos por irnos”, añadiendo que el veto era una “traición” para el 96% de los votantes que votaron por permanecer. García sí que se mostró satisfecho del “sólido apoyo” que en este sentido están recibiendo desde Londres.
En su opinión, se están debatiendo siete ámbitos relacionados con la salida de Gibraltar de la UE, que son la transparencia y la cooperación fiscal; la cooperación policial, aduanera y judicial; la frontera; el tabaco; el aeropuerto y la aviación; el medio ambiente y, por último, la forma jurídica que adoptarán los posibles acuerdos a los que se llegue.
Por otro lado, tranquilizó a uno de los sectores más importantes de la economía de Gibraltar como es el de los servicios financieros y las empresas de juego online, afirmando que tendrán acceso continuo al mercado británico.
Además, confirmó que los ciudadanos británicos residentes en Gibraltar tendrán derecho a las tasas de estudiantes a domicilio, afirmando también que la colonia seguirá remitiendo un número ilimitado de pacientes al Reino Unido para recibir tratamiento de libre elección. García también hizo mención al interés que Gibraltar suscita en Bruselas, declarando que el equipo gibraltareño sigue recabando información vital “sobre el terreno en Bruselas”, fundamental para informar al gobierno de la evolución que cada institución de la UE ha tenido con respecto al Brexit. Mencionó, en este asunto, que la red de contactos y partidarios sigue creciendo, incluido un grupo informal de "Amigos de Gibraltar".
Por último, y con respecto al aeropuerto, recordó que la salida de Gibraltar de la UE cambiará la dinámica de un mejor uso del mismo, ya que el peñón no tendrá derecho a ser incluido en la legislación de aviación civil de la UE en virtud de su pertenencia a la Unión. “El acuerdo de Córdoba de 2006 proporciona una base para la discusión en el futuro”, esperando que el contacto con el nuevo gobierno socialista de España pueda “producir un camino sensato hacia delante”.
