El Grupo Transfronterizo está convocado este viernes a debatir el documento impulsado por la asociación linense Apymell que, bajo el supuesto de la defensa de los trabajadores, es una desautorización de la política española respecto a la Unión Europea y a Gibraltar y una defensa de los argumentos que ha venido defendiendo el gobierno gibraltareño, incluida la posibilidad de que el Peñón tome medidas contra los derechos de los ciudadanos europeos.
La notable coincidencia entre los argumentos del gobierno de Gibraltar y el documento presentado por Apymell es tanta que hasta la exacta relación, número y nacionalidad de trabajadores transfronterizos en el Peñón parece proceder de algún organismo de estudios oficial gibraltareño. Los datos que usa el documento no lo tienen las instituciones españolas o europeas ya que no cuentan con registro de estos trabajadores.
“A 31 de enero de 2018 –dice el documento de Apymell-- existían 13.251 trabajadores transfronterizos en Gibraltar, de los cuales 13.111 eran ciudadanos comunitarios. El componente individual por nacionalidad más importante lo conforma España (8.164), seguido por el Reino Unido (2.332), Portugal (676), Rumanía (407), Italia (229) y Polonia (197)... Además, hay 2.123 ciudadanos comunitarios (excluidos ciudadanos británicos) que actualmente residen en Gibraltar. El componente individual por nacionalidad más importante, aparte del Reino Unido (3.931), es España (821), seguida de Portugal (175), Irlanda (162), Alemania (144) y Polonia (115). Existen ciudadanos de 26 Estados Miembros de la UE que viven en Gibraltar, aparte del Reino Unido”.
Las llamativas coincidencias del documento con el discurso del gobierno de Gibraltar no se queda en el número de trabajadores o las referencias al paro en el Campo de Gibraltar, sino que llega a acusar al Gobierno español de que “ha ejercido y sigue ejerciendo una enorme presión sobre la UE (al parecer incluso amenazando con la posibilidad de no firmar los acuerdos finales de Brexit) en un intento de ampliar el alcance del Párrafo 24” y que “es imposible casar los comentarios públicos del ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis, en los que afirma que los derechos de los trabajadores transfronterizos se protegerán y defenderán, con la posición adoptada por el Gobierno español a puerta cerrada en Bruselas, que pone seriamente en peligro y riesgo los intereses de sus propios ciudadanos en el proceso”.
El documento, después de preguntarse “¿cuál es el precio que los ciudadanos del Campo de Gibraltar tendrán que pagar como resultado de la indiferencia del Gobierno español hacia ellos?” llega a prácticamente las mismas conclusiones que han expresado públicamente el ministro y viceministro principal del gobierno de Gibraltar, Fabian Picardo y Joseph García, respectivamente.
Así, el documento que ha trasladado el presidente de Apymell, Lorenzo Pérez, dice que “el juego político que el Gobierno español parece dispuesto a entablar genera riesgos innecesarios para nuestra propia población del Campo de Gibraltar…en su intento por apropiarse de las delicadas negociaciones sobre el Brexit en aras de sus propios y limitados intereses”.
Y justifica, en cambio, que el gobierno de Gibraltar adopte medidas restrictivas en los derechos adquiridos por los trabajadores transfronterizos: “Si el Gobierno español mantiene su cruzada contra Gibraltar, existe el riesgo de que se produzcan graves consecuencias para aquellos que menos lo merecen y más apoyo necesitan…(porque) el Parlamento de Gibraltar tendría que modificar leyes para hacer efectivos los acuerdos del Brexit y podría no estar dispuesto a aprobar beneficios para los ciudadanos comunitarios”.
El documento quedó sobre la mesa a la espera de nuevas aportaciones y debate en la reunión que este viernes tendrá el Grupo Transfronterizo en los locales del sindicato gibraltareño Unite, previamente a un encuentro con abogados del gobierno de Gibraltar y al que previsiblemente falten representantes de las organizaciones españolas, al coincidir con el multitudinario acto convocado por la Confederación de Empresarios de Cádiz en apoyo del enlace ferroviario.
