El GSD, partido de la oposición en Gibraltar, mantiene el cerco sobre la polémica decisión del gobierno de Picardo de recortar en el sistema judicial y denuncia el silencio de Neil Costa, responsable político del departamento. Para el GSD, la decisión se ha tomado sin consultar ni a jueces ni a profesionales y puede desalentar la instalación futura de empresas.
La oposición considera que el gobierno “está fallando en apreciar las demandas reales” de un sistema judicial moderno, recalca que tanto el presidente del Supremo como el Consejo de la Abogacía confirman que no fueron consultados y “evidencia que el gobierno no tiene contacto” con el desarrollo de la Justicia.
El GSD considera que si el gobierno quiere atraer, “en serio”, empresas para que establezcan sus sedes en Gibraltar, el sistema judicial necesita el apoyo de un juez para estos asuntos que dote de la necesaria flexibilidad al sistema judicial local y afronte los altibajos del número de casos que se presentan ante el Supremo.
El sistema judicial de Gibraltar se ha venido reforzando en el número de jueces que componen la Corte Suprema desde que en 2009 recayó en Daniel Feetham la responsabilidad del recién creado ministerio de Justicia. Como anécdota, ya el 1 de enero de aquel 2009 no había fecha disponible en todo el año para la celebración de juicios de este tribunal.
Aunque el sistema judicial de Gibraltar se compone de varios tribunales, el denominado Supremo se ha convertido tradicionalmente en un cuello de botella, ya que es al que llegan todos los casos penales de gravedad y una gran variedad de asuntos civiles, mercantiles y administrativos, además de la supervisión de otros órganos y decisiones judiciales.
El hecho de que este Tribunal Supremo también supervise las funciones públicas del gobierno y sus ministros y que tenga encomendada la vigilancia de que las decisiones gubernamentales se adecúen, sin excesos, a los poderes otorgados por el Parlamento no evita, precisamente, que la polémica alcance relevancia política.
El gobierno de Picardo explica el recorte porque se trataba de un contrato temporal, política establecida por el anterior gobierno del GSD en 2011, aunque lo cierto es que desde entonces el número de miembros del Supremo no se redujo sino que, al contrario, se duplicó.
