Despachos de abogados y fiscalistas se muestran inquietos por la estrategia que sigue el gobierno de Picardo frente a la investigación que la Unión Europea hace de la sociedades beneficiadas por el tax ruling, iniciada de oficio en 2014 y que ya ha supuesto la publicación de las 165 sociedades observadas. El gobierno de Gibraltar, ahora, ha emprendido acciones legales contra la decisión de la Comisión Europea y los expertos dudan sobre los beneficios de mantener esta disputa con Bruselas que, además, afecta al Reino Unido como país representante de Gibraltar ante la Unión Europea.
El tax ruling son decisiones fiscales que los gobiernos aplican a sociedades internacionales y que les aporta grandes ventajas frente a otros países. La Unión Europea ya ha alertado en varias ocasiones sobre está práctica que, sin ser ilegal, puede ser abusiva y dar lugar a un traslado de beneficios que perjudica a los Estados miembros, permitiendo que las empresas no paguen apenas impuestos. Los casos recientes más conocidos han sido los de Irlanda y Luxemburgo y se han visto afectadas empresas tan conocidas como Apple, Google, Starbucks, Facebook o Amazon.
La Unión Europea está decidida a terminar con estos beneficios fiscales desleales, incluyendo hasta los acuerdos verbales y no escritos que pudieran existir, y de ahí que ya se haya manifestado contra la habitual excusa del secreto fiscal que argumentan los gobiernos nacionales, porque la información que se exige queda reservada a las Haciendas afectadas y no se hace pública.
Desde el año 2014, la Comisión Europea reclama al Reino Unido información sobre un importante número de empresas domiciliadas en Gibraltar, de las cuales 165 han sido consideradas beneficiarias de un régimen fiscal contrario a las normas de competencia de la Unión.
Después de que Gibraltar ya eludiera otra investigación por exenciones fiscales en 2001, cuando el régimen tributario fue oportunamente reformado, esta denuncia de la Comisión Europea en pleno 2016 afecta gravemente al sistema financiero y fiscal de Gibraltar y devuelve su credibilidad a los tiempos de las listas negras de la OCDE que se creían ya superados.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha optado por recurrir la decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal General de la Unión “para proteger el sector de los servicios financieros de Gibraltar” y defiende que los acuerdos tributarios del Peñón “no constituyen una ayuda estatal”.
La Comisión Europea, en cambio, considera que Gibraltar ofrece ventajas fiscales sin una evaluación adecuada de las empresas beneficiadas, permitiendo un amplio margen de maniobra que “conduce a un trato discriminatorio”.
Lo que parece claro es que a los propietarios de esas empresas y a los despachos que las representan no les ha debido gustar mucho verse señalados por una investigación de la Comisión Europea, lo que hará replantear sus inversiones a otros que estuvieran pensando hacer uso de los servicios financieros de Gibraltar. Esto, unido a la incertidumbre financiera generada por el Brexit, es lo que realmente debe preocupar a Picardo, que no sabe cómo "salvar los muebles" de su economía.
