Tres españoles detenidos
Una operación internacional, con participación de la Guardia Civil, ha desvelado una red de tráfico de basura ilegal y tóxica que en menos de dos meses transportó 370 toneladas de residuos desde Gibraltar a un vertedero de Medina Sidonia, donde no recibía ningún tipo de tratamiento. Entre los implicados hay tres españoles, que han sido ya detenidos.
La operación se inició tras comprobar el volumen de residuos que salían en camiones desde Gibraltar para su supuesta “valoración” en un vertedero gaditano y que luego nunca volvían al Peñón. Este trasiego alcanzó la cifra de 34 camiones y 370 toneladas de basura entre el 8 de febrero y el 31 de marzo, cantidades exageradas para la colonia británica y que permitían sospechar la existencia de una trama más compleja y amplia.
La operación Tyson, que fue el nombre que adoptó, ha terminado siendo una operación coordinada por Interpol en la que han participado 43 países, que han permitido descubrir más de un millón y medio de toneladas de basuras ilegales y nuevas rutas mundiales en el tráfico de residuos contaminados.
La basura que salía desde Gibraltar al vertedero de Medina Sidonia no era inerte sino que se componía de muy diversos elementos: residuos de construcción, de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, residuos urbanos, bifenilos ploriclorados, residuos metálicos, lodos de distintas procedencias y neumáticos fuera de uso.
Los españoles implicados y ahora detenidos contaban con dos empresas, una en Gibraltar y otra en la provincia de Cádiz y, de esta manera, encubrían los movimientos de los camiones en su paso por la aduana de La Línea.
Las denuncias por traslados ilegales de residuos contaminados, que nunca recibían el tratamiento adecuado, es frecuente desde hace años en torno a Gibraltar y ha sido la asociación ecologista Verdemar quien más de cerca ha vigilado y expuesto el problema, aunque con desigual respuesta administrativa.
Los detenidos se enfrentan a penas entre 6 meses y 5 años de prisión y a la reparación del daño medioambiental causado, lo que supone un perjuicio económico que se suma al derivado de los procesos penales o administrativos. A pesar de ello, el delito medioambiental experimenta un gran crecimiento debido a los grandes beneficios que las redes internacionales obtienen.
