Sábado, 21 de Julio de 2018

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    La directiva antiterrorista “obligatoria” endurecerá la Verja la semana próxima

  • Colas de salida a España en la frontera de Gibraltar. La foto es de InfoGibraltar
    Noticias Gibraltar

    Los controles, tanto de pasajeros como de vehículos, que habitualmente se llevan a cabo en la Verja de Gibraltar se verán endurecidos la semana próxima, en cuanto se aplique la directiva comunitaria aprobada el pasado 15 de marzo de 2017 que modifica el Reglamento 2016/399 de la Unión Europea (UE), en lo relativo al “refuerzo de los controles mediante la comprobación en las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores”, como ya informó Noticias Gibraltar el 9 de marzo pasado (Un mes para que se refuercen los controles en la Verja).

     

    El nuevo Reglamento 2017/458, aprobado por el Parlamento y el Consejo europeos, a propuesta de la Comisión y previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, pretende potenciar la seguridad de los Estados miembros ante posibles ataques terroristas. Dicho Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (efectuada el 18 de marzo), y “será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados”.

    La UE recuerda, en la exposición de motivos, que “la realización de inspecciones en las fronteras exteriores sigue siendo una de las principales garantías del espacio sin controles en las fronteras interiores y contribuye de manera importante a garantizar la seguridad duradera de la Unión y de sus ciudadanos”. En este sentido, el Reglamento explica que, actualmente, las personas que gozan del derecho a la libre circulación conforme al derecho de la Unión son sometidas, como norma general, a “inspecciones mínimas, basadas en una verificación rápida y directa de la validez del documento de viaje para cruzar la frontera”. Esto, según el texto, tiene que cambiar, porque “el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, muchos de los cuales son ciudadanos de la Unión, demuestra la necesidad de reforzar las inspecciones en las fronteras exteriores en lo relativo a las personas que gozan del derecho a la libre circulación”.

    En este sentido, una vez que comience a aplicarse la nueva directiva, se deberán “comprobar sistemáticamente los documentos de viaje de las personas beneficiarias del derecho a la libre circulación conforme al derecho de la Unión, cuando entren o salgan del territorio de los Estados miembros, mediante la consulta de las bases de datos pertinentes de documentos robados, sustraídos, extraviados e invalidados, con el fin de garantizar que dichas personas no ocultan su verdadera identidad”.

    El nuevo Reglamento establece que “los Estados miembros están obligados a comprobar sistemáticamente los documentos de viaje de los nacionales de terceros países mediante la consulta de todas las bases de datos pertinentes en el momento de la entrada. También debe garantizarse la realización sistemática de tales comprobaciones en el momento de la salida”.

    Asimismo, continúa advirtiendo el texto que, en lo sucesivo, “por este mismo motivo, los guardias de fronteras también deben comprobar sistemáticamente los documentos de viaje de las personas que gozan del derecho a la libre circulación en virtud del derecho de la Unión mediante la consulta del Sistema de Información de Schengen (SIS) y de otras bases de datos pertinentes de la Unión. Esto se debe entender sin perjuicio de la consulta de las bases de datos nacionales y de INTERPOL”.

    Obviamente, como Estado miembro, España se verá obligada en breve a aplicar la referida directiva en la frontera con Gibraltar, y ello independientemente de la velocidad que adquiera el proceso de desconexión de la UE iniciado por el Reino Unido. Al fin y al cabo, con Brexit o sin él, ni la colonia británica ni su metrópoli son, ni han sido nunca, territorio Schengen, aunque en virtud de su fórmula de adhesión hayan gozado hasta ahora de un singular estatus comunitario.

    ¿Supondrá la aplicación de este nuevo Reglamento de la UE un aumento significativo de las colas y/o los tiempos de espera en la Verja? Es de suponer que sí, porque la fluidez no puede ser la misma si los peatones enseñan el DNI o el pasaporte casi de lejos, y el agente de policía les echa un vistazo por encima (como, salvo excepciones, ha venido ocurriendo hasta ahora), que si los documentos, que deberán contener todos ellos zona de lectura mecanizada, pasan por un ordenador y las personas por un escáner, como sí ocurre, por ejemplo, en los controles de seguridad de los aeropuertos.

    Ahora bien, de conformidad con la normativa comunitaria, “los Estados miembros deben desplegar personal adecuado y medios suficientes para realizar inspecciones sistemáticas y evitar que éstas supongan un tiempo de espera desproporcionado y obstaculicen el flujo del tráfico en las fronteras exteriores”. Caber recordar a este respecto, que el Gobierno español ya llevó a cabo recientemente una serie de trabajos de mejora y modernización en la parte española de la Verja, aunque las “puertas” automatizadas de control fronterizo instaladas a tal efecto (con sistemas “inteligentes” de reconocimiento facial) no se hayan venido utilizando todavía de manera obligatoria.

    Cabe destacar también que, en su articulado, el nuevo Reglamento atribuye a los Estados miembros firmantes una parte importante de responsabilidad en el grado de rigurosidad en el cumplimiento de la normativa. En este caso, advierte de que, en el caso de que las comprobaciones en las bases de datos puedan tener un impacto desproporcionado (tal y como podría llegar a ocurrir en la Verja gibraltareña), “un Estado miembro podrá decidir limitarse a realizarlas de manera específica en pasos fronterizos concretos, sobre la base de una evaluación de riesgos relacionados con el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros”.

    Según continúa detallando el texto, “el alcance y la duración de la limitación temporal a comprobaciones específicas en las bases de datos no excederán de lo que sea estrictamente necesario, y se definirán de conformidad con una evaluación de riesgos llevada a cabo por el Estado miembro de que se trate. La evaluación de riesgos deberá explicar los motivos de la limitación temporal a comprobaciones especificas en las bases de datos y tendrá en cuenta, entre otras cosas, el impacto desproporcionado en el flujo del tráfico y evaluar los posibles riesgos; elaborará también las estadísticas sobre pasajeros y los incidentes relativos a la delincuencia transfronteriza. Dicha evaluación se actualizará periódicamente”.