Desde el 14 de julio de 2014 existe un Comité Especializado de Inmigración como órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Este comité se encargaría de reforzar el nivel político estratégico del conjunto de las Administraciones Públicas con un enfoque omnicomprensivo del fenómeno de la inmigración irregular, según aparece reflejado en la propia web del CSN. Presidido por la secretaria de Estado de Seguridad, lo componen todos los Departamento que tienen alguna implicación en el asunto.
Que no se le conozca actividad relevante no significa que no pudiera ser reactivado, como un logro del nuevo Ejecutivo, dado que entre sus funciones se encuentra: “reforzar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional en el ámbito de la ordenación de flujos migratorios, cuya supervisión y coordinación corresponde al Consejo de Seguridad Nacional” (BOE, 23 de enero de 2018).
En la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 842/2018, de 3 de agosto, que hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de esa misma fecha por el que se dispone la creación de la “Autoridad de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes”, no se cita ni una sola vez a dicho Comité Especializado, ni al Departamento de Seguridad Nacional (DSN), ni al CSN, ni al Sistema de Seguridad Nacional.
La reproducción de la decisión adoptada en 2006 cuando se produjo la llegada masiva de cayucos a las islas Canarias significa no asumir que han pasado catorce años desde aquello y que, desde 2011, existe una Estrategia de Seguridad Nacional y desde 2013 un incipiente Sistema de Seguridad Nacional que, con el tiempo, ha ido tomando cuerpo. En aquella fecha no había estructura ni una idea de Seguridad Nacional, hoy sí.
En la vigente Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada por el anterior Gobierno pero con el consenso del PSOE y de Ciudadanos (que igualmente contribuyeron a la redacción del Informe Anual de Seguridad Nacional 2017, aprobado el pasado 16 de julio ya con el PSOE en La Moncloa), los “flujos migratorios irregulares” aparecen citados expresamente como uno de los desafíos para la Seguridad Nacional (página 74) y, por tanto, dentro de los asuntos de los que se ocupa el Sistema de Seguridad Nacional y, en consecuencia, monitorizado de forma permanente por el Centro de Situación del DSN, sito en las mismas dependencias del Palacio de La Moncloa, a pocos metros del despacho del presidente del Gobierno.
La ausencia, en las tres páginas y pico que el BOE del 4 de agosto emplea en publicar la citada Orden Ministerial, de cita alguna al Sistema de Seguridad Nacional solo puede deberse a un olvido imperdonable o a un ninguneo incomprensible de toda la estructura de Seguridad Nacional que tanto trabajo ha costado poner en pie, repito, con el apoyo del PSOE en todo su proceso de construcción. Que el novedoso Sistema no cumpla todavía todas las expectativas creadas con su creación solamente se debe a la falta de liderazgo político que, en el pasado, ha lastrado su desarrollo. Con esta exclusión se hace un daño, quizás irreparable, a ese proyecto tan necesario como todavía no completado.
El nombramiento de un general de la Guardia Civil para liderar esta idea del mando único, si es que ese era el motivo último de todo esto, bien podría haberse encajado dentro del Sistema y haberlo colgado adecuadamente del recientemente designado director general del DSN. Ojalá sea solamente una oportunidad perdida y no el inicio de un proceso de desmontaje.