Lunes, 22 de Octubre de 2018

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    Picardo se enroca en la Ley de Vivienda y el GSD pide más explicaciones

  • Picardo, en el centro de la polémica por la reforma de la Ley de Vivienda
    Noticias Gibraltar

    La polémica en torno a la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre la reforma de la Ley de Vivienda no cesa. Tras la denuncia del GSD sobre las informaciones incorrectas ofrecidas por el ministro principal Fabian Picardo en el Parlamento, el dirigente socialista se ha defendido en una entrevista en la GBC en la que, según la oposición, tampoco ofrece la versión correcta de lo ocurrido.

     

    Picardo, según el GSD, defiende la gestión realizada “indicando en la televisión de Gibraltar que enmendó la ley para proteger a los inquilinos contra el aumento de alquileres en un 100%”, algo que, destacan desde la oposición “no fue así”.

     

    Explican, desde el grupo que lidera Keith Azopardi, que “el control tuvo el efecto de reducir los alquileres que se habían acordado libremente entre los arrendatarios beneficiados y el propietario: no se había producido un aumento de la renta de la que se protegía a los inquilinos afectados”.

     

    El jefe del gobierno, en esa misma entrevista, dice que formuló sus argumentos en el Parlamento a partir de las notas que le proporcionaron quienes redactaron la ley. Esta declaración, a criterior del GSD, equivale a admitir que desinformó al Parlamento: confiar en los demás no lo absuelve de su deber de no desinformar. “Los ministros del Parlamento del Reino Unido, con los que nos gustaría compararnos, habrían renunciado”, apuntan desde la oposición.

     

    Además, en contradicción con ese mismo argumento, Picardo defiende el cambio en la ley diciendo que es una política social que el gobierno quiere. Por ello, el GSD se pregunta si “¿Es correcto que otras grandes sumas de dinero, pertenecientes a todos nosotros, se gasten llevando este caso al Privy Council en Londres? Después de todo, la corte más alta que se encuentra en Gibraltar ha decidido el punto y la ley beneficia solo a 23 inquilinos, quienes acordaron pagar el alquiler que la corte encontró que deberían pagar. ¿Cuál es el interés público en esto?"

     

    "Si el gobierno, a instancias del ministro principal, continúa con su apelación, gasta nuestro dinero en ello y pierde, seguramente será un mayor problema de renuncia para el primer ministro de lo que ya es".