Frialdad en Bruselas a la propuesta de May
Mariano Rajoy ha confirmado, de nuevo, la posición de la Unión Europea respecto a Gibraltar, que deja al acuerdo previo de Reino Unido y España cualquier referencia a la colonia en las negociaciones del brexit.
A preguntas de los periodistas en Bruselas y, en concreto, sobre si España aceptaría unas condiciones diferentes para Gibraltar en materia de libre circulación y acceso al mercado interior en las negociaciones del brexit, el presidente del Gobierno español ha sido claro: “No”.
Mariano Rajoy ha insistido que “aceptamos exactamente lo que figura en las líneas directrices que el Consejo Europeo le ha dado al señor Barnier”. Estas directrices, que ya fueron aprobadas por todos los órganos correspondientes de la Unión Europea, establecen de forma taxativa que, cualquier acuerdo de futuro que se refiera a Gibraltar, deberá contar con el visto bueno previo de España y, por tanto, con el acuerdo entre Londres y Madrid.
“Esa es nuestra posición, creemos que es una posición razonable y sensata y cualquier decisión tenemos que hablarla el Reino Unido y nosotros y eso es lo que aceptamos e, insisto, lo que ha aprobado por unanimidad el Consejo Europeo”.
En cuanto a la propuesta previa realizada por la primera ministro británica Theresa May sobre los derechos de los ciudadanos comunitarios, Rajoy ha admitido que “podía haber sonado mejor”.
May ha ofrecido “intentar” que se les reconozcan los mismos derechos en materia de salud, educación, prestaciones sociales y pensiones a aquellos ciudadanos europeos que lleven cinco años en Reino Unido. El presidente español ya ha anunciado que España “dará la batalla” en este tema porque también espera que se mejore la situación a quienes llevan menos de cinco años.
En realidad, la propuesta de May ha sido acogida con mucha frialdad en Bruselas y “nadie reaccionó” al discurso de la política británica en la cena del jueves. De hecho, el representante del Parlamento Europeo en las negociaciones del brexit, Guy Verhofsstadt, ya ha avisado que la oferta de Theresa May “no garantiza plenamente” los derechos que Europa reclama para sus ciudadanos.
