Fue un escándalo mayúsculo. No era para menos, dada la especial significación del caso. Muchos vecinos fueron testigos de cómo los soldados penetraron de manera violenta en la capilla del Hospital de la Misericordia para hacerse con Gregorio González, que poco antes había logrado huir cuando iba a ser ahorcado. Es cierto que algunos vecinos se unieron a la persecución, pero otros respaldaron a los religiosos que invocaron de inmediato el derecho de asilo. Era el mes de febrero de 1649 y hasta entonces habían tenido lugar varios incidentes de este tipo en la ciudad de Gibraltar, aunque nunca en relación con una persona que iba a ser ajusticiada. El vicario de las iglesias gibraltareñas se encargaba de denunciar estos hechos, que juzgaba completamente inadmisibles y contrarios a derecho.
Los religiosos de Gibraltar entendían este derecho de una forma amplia y, desde luego, no compartían los criterios del obispo de Oviedo, quien pretendía la derogación del refugio sagrado para los gitanos.
Mediante el derecho de asilo la Iglesia se atribuyó la responsabilidad de dar protección a los perseguidos por la justicia, aplicando «arrepentimiento y penitencia», evitando así los abusos continuados que tenían lugar. Para ello estableció que la entrega del delincuente sólo se realizaría si se aseguraba un trato humanitario y se aseguraba que no se aplicaría la condena a muerte. La evitación de esta última pena era determinante en muchos casos para que el criminal buscara refugio en recinto sagrado, como ha quedado aquí reflejado.
En el Obispado de Cádiz el derecho de asilo estaba regulado por las Constituciones Sinodales promulgadas en 1591. Gibraltar tenía concedida su aplicación con anterioridad a Tarifa, que la obtendría mucho después, una vez producida la invasión del Peñón por los ingleses.
En este sentido el historiador Arturo Morgado (Derecho de asilo y delincuencia en la Diócesis de Cádiz) hace una interesante reflexión en torno a una cuestión que, al menos en el Campo de Gibraltar, es poco conocida, resaltando el elevado concepto que el pueblo tenía sobre este derecho, basado en las repetidas arbitrariedades de la Justicia. Pero a ello se unía el sentimiento de repudio de parte de la población hacia quienes se acogían al mismo para lograr la impunidad de sus delitos.
A este respecto destaca los intereses enfrentados desde el primer momento en que se reguló la medida: «de una parte la autoridad eclesiástica, que pretendía salvaguardar a toda costa un derecho que consideraba sagrado e inviolable. Y de otra, la justicia, preocupada de perseguir y castigar a los transgresores de la ley».
Soldados, vigilantes y alguaciles procuraban por todos los medios que el perseguido no alcanzara el refugio eclesiástico, y las persecuciones por las calles se hicieron habituales en muchas poblaciones.
Algunos sacerdotes llegaron a enfrentarse a los perseguidores cuando el refugiado era arrastrado materialmente desde el interior del templo.
Aparte del citado al principio de este trabajo he podido constatar la existencia de otros tantos casos que motivaron las quejas correspondientes, no sólo de los representantes religiosos, sino de los propios afectados y sus familiares.
Así, los vecinos presenciaron atónitos cómo la guardia sacaba a golpes de la iglesia de San Juan de Letrán a Juan de Osuna, vecino de Gibraltar, cuando se hallaba refugiado en el templo. El vicario denunciaba a la Justicia Real el suceso, especificando que se hallaba junto al monumento al Santísimo Sacramento. En su escrito firmado el 4 de abril de 1613 elevaba una dura queja por haberse violado el derecho de asilo.
Asimismo, en abril de 1623, las autoridades eclesiásticas informaban de dos refugiados en la iglesia de San Sebastián, que fueron sacados por Juan Vitrina, sargento mayor de los Galeones del Estrecho y el capitán Alonso Rocafur, del hábito de Santiago. Y en agosto de ese mismo año, el soldado Juan Martín Hocen, perteneciente a la compañía del capitán Luis de Yepes, y preso en la cárcel de Gibraltar, pedía inmunidad, pues había sido detenido cuando se hallaba refugiado en la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza después de una pelea con otros dos vecinos.
Del mismo modo, en noviembre de 1636, Baltasar Benítez Rendón, denunciaba al corregidor, porque habían sacado a su hijo, con violencia de la iglesia de San Sebastián, después de una reyerta con el cerrajero Pedro Pérez.
Finalmente, el 1 de agosto de 1641, Fernando de Almodóvar, preso en la cárcel pública, denunciaba al corregidor y a los agentes de la justicia por haber violado su inmunidad cuando se hallaba en la iglesia de la Merced.
La destrucción de documentos por parte de los ingleses tras la ocupación de Gibraltar, impide conocer más sobre este interesante tema. Sin embargo, lo reseñado en este artículo sirve para dar una visión de la presencia e intensidad del refugio sagrado en la ciudad
