Lunes, 4 de Julio de 2022
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El juez que salvó del derribo al Teatro Juan Luis Galiardo

  • Ramón Sáez, elegido para el Tribunal Constitucional

    Antiguo cine de verano y terrenos donde se construiría el actual teatro (Archivo del autor)
    Antiguo cine de verano y terrenos donde se construiría el actual teatro (Archivo del autor)
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    Entre debates y discusiones sobre la idoneidad de algunos nombramientos para el Tribunal Constitucional -como el reciente de Enrique Arnaldo-, quedan lejos otras historias de otros nuevos miembros del mismo tribunal. Es el caso del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, al que San Roque le debe contar con el Teatro Juan Luis Galiardo.

    El madrileño Ramón Sáez también ha sido elegido -a propuesta del PSOE-, como componente del Constitucional. Antes lo fue por Izquierda Unida en el Consejo General del Poder Judicial. De esa carrera profesional, donde se incluye quince años en la Audiencia Nacional, en el único juzgado donde ejerció fue en San Roque. En esta ciudad su conocida como “sentencia social”, de octubre de 1986, permitió que el teatro no fuese demolido.

    En realidad se trataba de una resolución del incidente planteado tras la sentencia del Tribunal Supremo contraria al Ayuntamiento. Una decisión que no podía ocultar la existencia de un edificio público construido con buena fe municipal. Así lo ponderaba Sáez Valcárcel en esa impecable resolución: “no podemos obviar, por mucho que la representación del señor Ocaña aconseje, cerrar los ojos a las imágenes que nos aguardan a través de las ventanas del Juzgado en la Alameda”.

     Un edificio con muchos problemas

    Proyectado a mediados de los setenta del siglo pasado por el propio Ayuntamiento, la edificación del actual teatro estuvo plagada de problemas. Primero fue la quiebra de la empresa constructora Almedi. Luego el pleito planteado por el empresario del antiguo cine colindante, el Salón Verano, propiedad de Juan Ocaña García. Con anterioridad, éste pretendió la construcción en el mismo lugar de un cine-teatro, pero el Consistorio negó la licencia.





    Cuando fue construido por iniciativa municipal, el edificio ocupaba suelo público y parte perteneciente a dicho empresario, al que el Ayuntamiento había negado en su día la posibilidad de edificación, basándose en que la proyectada obra no podía elevarse sobre el paseo de la Alameda, amén de que dicho solar no era apto para edificar.

    El Ayuntamiento había mostrado la intención de adquirir los terrenos y en caso extremo llegar a la expropiación de los mismos. Ante esa tesitura Ocaña vendió al Consistorio, iniciándose la obra, que rompía los valores paisajísticos que el Consistorio había utilizado contra el empresario.

    Ocaña García denunció y, tras un largo recorrido judicial, en julio de 1984, el Tribunal Supremo dictó sentencia favorable al demandante. Devolver el solar cuando lo construido superaba el valor del mismo no era tarea fácil.

    La demolición solicitada en principio por Ocaña dio paso a un entendimiento entre las partes auspiciado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de San Roque, que aplicó el principio de “devolución mutua de las prestaciones recibidas”.

    De esta forma, se valoró el inmueble y la parte ejecutada en suelo del demandante, considerando la posibilidad de actuación que el Ayuntamiento negó a aquél e incrementada según el valor legal del dinero. La buena disposición de Ocaña García posibilitó el acuerdo y permitió la finalización de la totalidad de las obras.

    Sáez, que suele visitar a amigos sanroqueños, dejó una huella de sencillez y gran profesionalidad en la localidad. Su altura jurídica -obtuvo el número uno en la especialidad penal-, es reconocida en la magistratura, donde se le considera tan progresista como independiente.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas