El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, ha afirmado que “el alcalde de San Roque castiga a aquellas asociaciones o colectivos que, de alguna forma, no están colonizadas sus directivas por militantes del PSOE, incluso por miembros de su ejecutiva, exconcejales etc... Ahora ha tocado a la Asociación de Mujeres Plaza de la Bomba” de San Enrique, a la que están poniendo trabas desde su creación”.
Viendo esta asociación, dice Mayoral, “que hay locales vacíos o de poco uso en el edificio Multiuso de San Enrique, solicitaron un local para sus actividades, y ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, denunciaron públicamente a través de su perfil de Facebook la situación en que se encuentran, sintiéndose discriminadas, en comparación con otras asociaciones de mujeres en el municipio a las que ven que el Ayuntamiento las da todo tipo de facilidades, a la hora de facilitarlas locales municipales donde ejercer sus actividades”.
Incluso, dice, si no se dispone de local, se le paga el alquiler, “como corroboramos que se hace con la Asociación de Mujeres La Charca de Torreguadiaro, algo que a todos nos parece bien. El asunto es que las mujeres de La Bomba piden en mismo trato, y no ninguna guerra entre asociaciones”.
Ante la “presión popular” e incluso a que “partidos de la oposición hemos trasladado las protestas al Pleno exigiendo una solución, el propio alcalde hace ya un par de plenos, se justificaba diciendo que estaban revisando en qué situación se encontraba la disponibilidad de locales en el edificio multiuso, para poderles ceder un local para su uso o bien compartir alguno de los existentes o buscar otra solución”.
Ese fue el compromiso en el Pleno, recuerda. “Pero nada más lejos de la realidad. La Asociación de Mujeres Plaza de la Bomba de San Enrique, asombrosamente recibe un escrito contestando directamente la secretaria a una solicitud que se dirige al alcalde y corresponde a éste dictar una resolución, algo que a todas luces es ilegal ya que no es una competencia de la secretaria, o ésta está invadiendo competencia del alcalde, algo que es muy grave en una funcionaria”.
“Así lo pondremos de manifiesto en el Pleno del próximo exigiendo el mismo trato a todas las asociaciones y colectivos y recomendaremos a la Asociación de Mujeres Plaza de la Bomba que eleve una queja al Defensor del Pueblo, para que el alcalde conteste con una resolución a lo solicitado en su escrito, que sigue sin una repuesta oficial por el órgano competente, que es el alcalde”, concluye el portavoz del PIVG.
