Domingo, 4 de Diciembre de 2022
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Mayoral dice que Ruiz Boix actúa de forma opaca con la parcela TG-22 de Torreguadiaro

  • Imagen de la parcela TG-22, en Torreguadiaro. Foto: PIVG
    Imagen de la parcela TG-22, en Torreguadiaro. Foto: PIVG
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    El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, acusa al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, de actuar “de forma opaca y con ocultismo en todo lo relacionado con la parcela municipal del TG 22 de Torreguadiaro.

    Recuerda Mayoral que en octubre de 2020, el Pleno aprobó, con el voto del PIVG en contra, “la restitución de las prestaciones entre la empresa Werth y el Ayuntamiento tras el recurso presentado por esta sociedad, solicitando una indemnización millonaria al dejar desierto el concurso de adjudicación de la parcela en el año 2002, después de casi 20 años pleiteando con la otra mercantil, Sotogolf, que quedó en segundo lugar. El TSJA y el TS, en casación, hizo firme la sentencia del primero de la anulación de la adjudicación a Werth”.

    A partir de este acuerdo plenario, a pesar de haber recursos de reposición tanto de Werth como del PIVG, aunque por motivos totalmente diferentes, “el Ayuntamiento pagó un primer anticipo con  una transferencia de 4.280.756,11 euros por el importe recibido de la venta de la parcela en el año 2002”.





    Añade Mayoral que “como es habitual en este alcalde, no contestó a ninguno de los dos recursos y después de transcurrido un año, nos traen al pleno una propuesta de acuerdo de declarar lesivo al interés general el acuerdo adoptado el 29 de octubre del año 2020, para su posterior impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, requiriendo a la empresa Werth que proceda a la devolución de la cantidad abonada por el  Ayuntamiento, por incumplimiento de ésta del acuerdo del pleno, y conceder un plazo de audiencia a la empresa”.

    En ese pleno, “es cuando nos comunican que esta empresa tiene puesto un contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento porque quieren cobrar una indemnización millonaria, ocultando este hecho al Pleno durante meses”.

    “Ahora seguimos en la misma situación respecto al acuerdo de lesividad aprobado en el Pleno de octubre de 2021, con los votos del equipo de gobierno en el que se reclama la cantidad abonada, anunciando la impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa y dándoles 10 días de audiencia. Desconocemos el resultado de la audiencia y si como se aprobó se ha realizado la impugnación al contencioso”.

    Concluye el portavoz del PIVG declarando que “no sabemos si nos tendrán más sorpresas sobre acontecimientos que nos estén ocultando del ya famoso TG 22, y que aún no hemos llevado al contencioso por parte del PIVG, porque el alcalde y la secretaria general que realiza los informes jurídicos en los que se basa el alcalde según dice, siguen enredando y liando la madeja de este asunto que ya dura casi 20 años”.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
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