
El Partido Independiente del Valle del Guadiaro, el PIVG, ha registrado un recurso de reposición en el que solicitan la anulación de la aprobación de los pliegos y el inicio del expediente de licitación de los servicios de jardinería y limpieza de playas “por ser manifiestamente ilegal”.
Dice su portavoz, Jesús Mayoral, que “esta contratación que pretende al alcalde es para hacer la misma jugada que hizo con la privatización de la limpieza viaria y de colegios, para evadir una selección del personal y el control de una convocatoria pública”.
La contratación de la de la licitación de los servicios de limpieza viaria y de colegios, “está anulada por el juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Algeciras” por un recurso puesto por Mayoral, “que no es firme porque el Ayuntamiento lo tiene recurrido al TSJA, pero de momento la sentencia les es desfavorable, porque la competencia era del Pleno y no del alcalde que contrató por decreto sin la aprobación del Pleno”.
Mayoral se reafirma en su voto negativo “porque no estamos de acuerdo que se haga una contratación privada para estos servicios, que en la actualidad se están cubriendo con las empresas municipales Emadesa y Amanecer y las bolsas de trabajo para personal de refuerzo”.
Además de estar en contra con una medida que facilita el enchufismo, “contratando a dedo el personal la empresa a la que adjudiquen los servicios, también tenemos argumentos jurídicos contra la aprobación de unos pliegos y un informe técnico del jefe de servicios que no cumplen la legalidad”.
El informe que motiva la necesidad de la contratación del servicio para la licitación, “que como dije en el Pleno, más que un informe parecía un telegrama por lo escueto que es, lo hace en base a las jubilaciones y bajas por incapacidad del personal, y puede estar rozando la prevaricación, por falsedad, ya que el técnico municipal que firma el informe, a la vez firma la memoria del presupuesto de Emadesa en el que se aprueba la reposición de los jubilados de años anteriores, como hemos podido comprobar en el expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento”.
Concluyen desde el PIVG afirmando que “si no se anula la aprobación del punto del Pleno, pondremos un contencioso-Administrativo en el Juzgado. No vamos a permitir que este alcalde haga y deshaga a su antojo lo que quiera sin dar las mismas oportunidades a todos los sanroqueños”.