Por una adjudicación irregular de hace veinte años
Veinte años han transcurrido desde la adjudicación del desarrollo urbanístico de una parcela municipal a la empresa Werth. El Área TG-22 (Torreguadiaro) se asignó en 2002 incumpliéndose las bases del concurso, según las sentencias judiciales.
Desde entonces se mantiene un largo litigio que involucra también a otra empresa, segunda en la subasta, Sotogolf.
La adjudicación, realizada durante el gobierno municipal del PP, quedó suspendida y el concurso declarado desierto por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento, ya gobernado por el PSOE, se vio obligado a indemnizar a la empresa adjudicataria. No obstante, un recurso de Sotogolf y la demanda de Werth para que la indemnización municipal fuese más elevada que la estimada por el Ayuntamiento -que ya ha pagado 6 millones de euros-, hacen que el conflicto no llegue a su fin, y pueda suponer un serio problema para las arcas municipales.
En 2020 Werth recurrió la liquidación de 20 millones de euros -solicita 50- acordada por el equipo de gobierno, por no considerarla satisfactoria y se negó a la devolución de la parcela al patrimonio municipal. Ante la situación creada por la empresa, el pleno municipal declaró lesivo el acuerdo, solicitando la devolución del pago. El argumento municipal se basa en que no es de justicia que la antigua adjudicataria tenga el dinero y la parcela.
Por otra parte, Sotogolf, entendiendo que debió ser la firma seleccionada, planteó recurso contra uno de los actos de liquidación, y un juzgado de Algeciras entendió que la declaración de concurso desierto no era firme. Con esta decisión se reabre la problemática de la adjudicación de la parcela, pues el citado juzgado estima que sería la segunda empresa la adjudicataria.
Lógicamente, el Ayuntamiento ha recurrido, pues se siente avalado por dos sentencias de tribunales superiores.
Rechazo a las pretensiones de Werth
De otra parte, también dentro de la Corporación hay discrepancias políticas y técnicas. Desde la oposición los grupos Adelante Andalucía y PIVG -el resto no suele participar en el debate- han mostrado su rechazo a las pretensiones de Werth.
Julio Labrador, de Adelante Andalucía, durante una intervención en uno de los plenos municipales donde se abordó el asunto, destacó que era mucho dinero el que se le reclamaba al Ayuntamiento y que ello podía “provocar un daño muy importante” a la economía municipal, “al dinero público”, subrayó.
En ese mismo debate el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, mostró su preocupación, ya que el municipio se juega 50 millones de euros. Mayoral ha sido en todo momento muy crítico con el abono a Werth, acordado por el equipo de gobierno, pues en su opinión no se debería haber pagado nada y acudir al contencioso. “Nos piden millones que no les corresponden”, sentenció el concejal más combativo ante esta cuestión.
En cuanto a los informes contradictorios entre Intervención y Secretaría -el segundo es el que ha prevalecido-, Mayoral ha lamentado en distintas intervenciones que dicho informe asume la indemnización en base a argumentos que están anulados por sentencia en varias instancias.
El concejal, partidario en todo momento de rebajar las pretensiones de Werth, considera que la indemnización acordada, según el informe señalado “pudiera ser cuatro veces mayor al valor de los terrenos en el momento actual”. Ese valor aumentaría, según Mayoral, si se atiende al informe de Intervención, que sería hasta ocho veces superior.
Así las cosas, el conflicto se hace tedioso e interminable. Una “patata caliente” heredada por los equipos de gobierno socialistas, que afecta al bolsillo de todos los ciudadanos.
Pîe de foto.- Playa de Torreguadiaro
