El grupo Verdemar Ecologistas en Acción ha vuelto a reiterar y ampliar “la denuncia sobre las obras de fondo de barril a Cepsa y al Ayuntamiento de San Roque, de fecha 31 de julio de 2019, en cuya virtud se incoó “Expediente Gubernativo”, por la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico”.
Señalan los ecologistas que Cepsa “ejecutó obras que implicaban desmontes y movimientos de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación ¨Fondo de Barril”, con sujeción a las licencias municipales Todas las licencias referidas se otorgaron sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución urbanística”.
Las referidas licencias, continúan, “serían nulas de pleno derecho, pues se basan en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el T.M. de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa. Burdo, inútil e ilegal intento de convalidar unos trabajos que ya se han ejecutado en su mayoría, con afecciones ambientales consumadas, pero que trasluce la “preocupación” de Administraciones competentes y del promotor en “limpiar” su actuación”.
No obstante, según Verdemar, “esta maniobra legal no hace sino confirmar la denuncia reiterada por la organización: la ejecución de las obras de urbanización para la instalación y funcionamiento del proyecto Fondo de Barril sin someterse a la preceptiva evaluación de impacto ambiental”.
Además, consideran que los movimientos de tierra han provocado afecciones a hábitats protegidos y flora amenazada. “El conjunto de actuaciones descritas conculcan el propio Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, además de las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats, las parcelas ya han sido removidas, y con ello, se habrían eliminado las poblaciones de flora amenazada que allí existían”.
